Sistema penitenciario y hacinamiento: vulneración de derechos humanos a las personas privadas de libertad del centro de rehabilitación del cantón Ibarra

Resumen

De acuerdo a la Constitución ecuatoriana los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y por tal razón gozarán de los mismos derechos, así en el capítulo segundo del Código Orgánico Integral Penal, (en adelante COIP)  Art 12, señala que las personas privadas de libertad gozarán de las mismas garantías y derechos que reconoce la Constitución de la República del Ecuador, de conformidad con los instrumentos internacionales de los derechos humanos, más sin embargo la materialización de estos derechos dista de la realidad, tornándose una situación dramática la que viven las personas privadas de la libertad , con este precedente  el objetivo  de esta investigación se centra en indagar, ¿si existe  vulneración de los derechos humanos de las personas privadas de libertad?, específicamente, el hacinamiento en el Centro de Rehabilitación Social del Cantón Ibarra, y la correspondencia al  artículo 51, de la carta magna que  consagra derechos específicos en favor de las personas privadas de la libertad. Este trabajo concebido con miras a invitar a un análisis profundo sobre la realidad del Centro de Rehabilitación Social de Ibarra, a fin de contribuir a mejorar la situación, crear políticas y programas encaminados a brindar una adecuada rehabilitación social de las personas privadas de la libertad; La metodología utilizada es cualitativa; no obstante, contó con una fase de análisis cuantitativo a partir del procesamiento de dos bases de fuente: encuesta. De acuerdo al informe gubernamental del Ecuador a marzo de 2019 en las cárceles del país hay un total de 39.946 personas privadas de libertad, sobrepasando a la capacidad instalada sistema de rehabilitación social ecuatoriano es de 27.742, es decir que existe a nivel nacional el 69.44% de hacinamiento, mientras que el estudio del centro de Rehabilitación de Ibarra se concluye que sobrepasa su capacidad instalada, excediéndose en un 255 %, vulnerando derechos, no cumple con la finalidad esencial de readaptación social de las personas privadas no hay control por parte del organismo técnico creado para garantizar y evaluar la eficacia de las políticas ni cumplimiento de los fines del sistema.